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Luego de que el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y el Ministro de Transporte, Mario Meoni, anunciaran el congelamiento de la tarifa del transporte de pasajeros para el AMBA por 120 días, e invitaran a las provincias y municipios a acompañar esa decisión, los concejales Eduardo Toniolli, Norma López y Alejandra Gómez Saenz, presentaron un proyecto para que Rosario adhiera a la medida.

En un comunicado enviado a la prensa, el bloque del Frente de Todos – PJ señaló que ingresará en el día de la fecha un proyecto que propone «suspender por 120 días la vigencia de la Ordenanza que delega en el Intendente Javkin la potestad para fijar la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario», para de esta manera «proteger el bolsillo de los usuarios» mientras «se discute y articula una nueva política de subsidios con los otros niveles del Estado». «Ese es el sentido de la Emergencia impulsada por Alberto Fernández a nivel nacional: congelar aquellos componentes que más influyen en la economía de las familias, hasta tanto se establezca una política de recomposición de salarios en favor de los sectores populares», agregó la bancada peronista del Concejo Municipal.

«En esta etapa de transición hacia nuevas políticas de financiamiento del rubro por parte de los distintos niveles del Estado, creemos que el mejor lugar para lograr consensos en torno al sistema de transporte que Rosario necesita y sobre la forma de sostenerlo económicamente, es el Concejo Municipal, con la participación de los rosarinos y las rosarinas, a plena luz del día, de manera transparente y con los números en la mano, lejos de los acuerdos opacos con los que se viene gestionando el transporte de nuestra ciudad en los últimos años», prosigue el comunicado.

Para terminar, los integrantes del bloque del Frente de Todos recordaron que «en noviembre del año 2015, con un Salario Mínimo se podían comprar 971 boletos de colectivo urbano en la ciudad de Rosario, y hoy solamente 519», lo que -señalaron- «explica en parte la caída de un 26% de usuarios en los últimos tres años y medio», y hace imprescindible «la revisión integral de una política de transporte que no solo perjudica a quienes lo utilizan diariamente, en general estudiantes y trabajadores, sino también al mismo sistema, que está al borde del colapso».