Referentes del barrio irán al Concejo a plantear los problemas que les trae una ordenanza que estableció a esa zona como inundable.
Las principales entidades de barrio Empalme Graneros —entre ellas su histórica vecinal— reclaman la derogación de una ordenanza promulgada en 2011 que limita las edificaciones a causa de los riesgos de inundaciones en la cuenca del arroyo Ludueña. Los referentes plantean que en los últimos años se realizaron algunas de las obras para mitigar los potenciales desbordes y piden revisar la normativa. Incluso recordaron que en 2013 el Concejo le aprobó a una urbanización privada de la zona la recategorización de sus áreas inundables a aptas para construir.
Un grupo de concejales se hizo eco del reclamo y recibirá mañana en el anexo del Concejo a los vecinos para avanzar en un proyecto legislativo «instando al Ejecutivo municipal a iniciar urgentemente el proceso de evaluación del estado de la cuenca del Ludueña, y el impacto de las obras realizadas». Así lo adelantó el edil del Partido Justicialista, Eduardo Toniolli, que trabaja en la iniciativa.
El histórico dirigente vecinal de Empalme Graneros, Osvaldo Ortolani, explicó que en los últimos años «todos los loteos se hicieron en zonas muy bajas, que incluso eran reservorios de aguas, y a Empalme Graneros no lo habilitan a construir pese a que fueron construidos la represa y los aliviadores 2 y 3».
Ortolani estimó que la ordenanza 8.876 restringe el desarrollo urbano y el crecimiento demográfico en el 95 por ciento del barrio Empalme Graneros, en una parte importante de Ludueña, de Arroyito Oeste y de barrio Larrea.
Muchos años después el Ejecutivo tomó como referencia la mancha de inundabilidad relevada a través de un estudio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 2011, cuando se aprobó la norma que plantea innumerables trabas para las construcciones en base a la ley provincial 11.730, que regula el uso de bienes en áreas inundables.
Según la ordenanza, en la totalidad del sector «no podrán ejecutarse instalaciones fijas —sean permanentes o transitorias—, móviles, rellenos de tierra y/o excavaciones», entre otras limitaciones.
Para Ortolani, la ordenanza «llegó a destiempo», «es contradictoria» y «alienta a que hagan igual y mal las construcciones», y lo puso en números: «Hoy el 70 por ciento de Empalme no tiene hecho planos pero sí paga impuestos y Aguas, porque a través de la fotografía aérea cobran hasta por el gallinero».
Y resaltó que por ser considerada zona con riesgo de inundación, aún realizadas las obras, hace que «no se otorguen créditos hipotecarios en estos barrios». Recordó que en el 2013 el Concejo recategorizó la urbanización Palos Verdes, otorgando la posibilidad de convertirse en aptas para emplazar viviendas. Fue con 12 votos del oficialismo. Y sin revisar la «mancha de inundabilidad», según denunció en esa sesión el ex concejal radical Jorge Boasso.
Toniolli señaló que «esas restricciones debían ser transitorias, y a los cincos años, o una vez realizadas la obras necesarias para mitigar las inundaciones, debían revisarse». En el 2016 se concluyó el ramal Sorrento del Aliviador III. «Las restricciones que impiden que los vecinos de Empalme construyan, subdividan o dispongan reformas sobre sus propiedades, siguen vigentes», sentenció.
De acuerdo a los resultados del informe de restricciones que elabore el municipio, consideró el edil justicialista, «deberá elevar una propuesta adaptando los indicadores urbanísticos de la zona, con el fin de garantizar el desarrollo urbano sostenible del barrio Empalme Graneros, para que sus 45.000 habitantes, sus pequeñas industrias, talleres, depósitos y comercios, puedan seguir creciendo y no empuje al barrio a la marginalidad», señaló.
Fuente: Diario La Capital.