Ley de Promoción y Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria

Propusimos crear una institucionalidad con alta participación de las organizaciones de la economía social, tanto en el marco del Instituto como del Consejo provincial, un fondo específico para sostener políticas para el área, y fundamentalmente disponer que un porcentaje de las compras y contrataciones de bienes y servicios que realice el Estado provincial, tengan que ser a entidades incorporadas al Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria.

Tratamos de incorporar a la discusión de la nueva norma la idea de que la economía social no es un mundo cerrado, sino un horizonte que podría permitir a muchísimos trabajadores de la economía popular (no necesariamente incorporados a prácticas cooperativas o solidarias) dotar de valor agregado a lo que hacen, mejorar sus condiciones de producción y comercialización, y  acceder al mismo conjunto de prestaciones y derechos de la seguridad social que tienen los trabajadores de la economía formal.

Fue vetada por el gobernador Bonfatti después de ser aprobada por ambas cámaras provinciales.