Hoy presentamos una declaración en el Concejo Municipal exigiendo al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que revea la decisión de dar baja de pensiones no contributivas por discapacidad, por aplicación del Decreto 432 del año 1997.
Desde principio del 2017 a la fecha, unilateralmente y sin derecho a defensa, se dieron de baja 83.000 pensiones (por invalidez, a la vejez y a madres de 7 hijos). Las bajas y suspensiones se dieron sin previo aviso: cuando los beneficiarios fueron a cobrar se encontraron con que el dinero no estaba. No fueron notificados ni tampoco se les solicitaron antecedentes para aclarar la situación patrimonial.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sólo el 30% de estas suspensiones se rehabilitan. Además, las rehabilitaciones tardan 8 meses en resolverse, aunque la causa sea un error de sistema.
Por último vale señalar que las personas con invalidez suelen utilizar el auto (uno de los argumentos para la baja) como única forma de movilidad, por la falta de accesibilidad del transporte público.
Concejal Eduardo Toniolli